Las bodegas del matadero Nuevo Carnic, S.A., están llenas de carne de exportación que tenía como destino el mercado de Panamá. Tras dos años de roces y presiones de los ganaderos y mataderos locales, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha apoyado el cierre de las fronteras a la carne nicaragüense.
Abruptamente, los panameños rompieron de una vez con los acuerdos comerciales, los controles fitosanitarios y otras medidas que facilitaron el crecimiento bilateral de la carne entre Panamá y Nicaragua entre 2017 y la actualidad.
El Nuevo Carnic dejó de exportar a este país, desde el inicio del año, y ahora tiene un enorme inventario que amenaza con el cierre temporal de la empresa, dijeron fuentes empresariales.
No hay otros mercados que estén recibiendo la carne nicaragüense, el deterioro de la imagen internacional del país debido a la brutal represión del gobierno en 2018 y que ahora estimula a algunos gobiernos a tomar medidas de represalias comerciales, como las del gobierno panameño.
En tanto, el matadero San Martín ha sufrido un drástico aumento, de aproximadamente el 40% de aranceles de sus ventas al país canalero. Los efectos son calificados en los círculos ganaderos del país como “devastadores” ya que golpearán no solo a las plantas industriales, sino que afectará la matanza local y deteriorará los precios.
Este es el segundo golpe que recibe la ganadería de exportación, en carne y animales en pie, en los últimos cinco años. El cierre del mercado venezolano a las exportaciones nicaragüenses fue el primero.
Una guerra total
El ingreso de la carne nicaragüense a Panamá fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio en 2017. De enero a agosto del año 2017, el 58.6% de las importaciones de carne de Panamá llegaron de Nicaragua, según la Asociación Nacional de Ganaderos de aquel país.
ANAGA denunció entonces que “la situación económica de Venezuela podría volcar la mirada de los productores de Nicaragua, el mayor país importador de carne de la región, hacia un mercado más atractivo como lo es Panamá, amenazando así la ganadería local”.
Con este argumento comenzaron las presiones sobre el gobierno de Varela que poco a poco fue cediendo a las voces internas.
La ruptura comercial de Panamá con China Taiwán golpeó la ganadería panameña al perder este pujante mercado en crecimiento. La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) sacó como argumento que el 27.2% de las exportaciones de carne a Venezuela se quedaron en el país “por incumplimiento de compromisos comerciales de los venezolanos”.
De enero a agosto de 2017, Panamá importó 4,856 toneladas de carne, de la cuales el 58.6% eran de Nicaragua.
En 2016 el principal exportador de carne en la región centroamericana fue Nicaragua con un valor total de $421 millones, seguido por Costa Rica, con $62 millones, Panamá, con $16 millones, Guatemala, con $5 millones, Honduras, con $3 millones, mientras que El Salvador no registró exportaciones significativas, de acuerdo con estudios especializados.’
El conflicto
Los ganaderos nicaragüenses comenzaron a sentir la presión panameña con la imposición, en octubre del 2018, de un arancel de 30% a las importaciones de carne bovina, violando así el acuerdo comercial entre ambos países que facilitaba las ventas nicaragüenses.
La Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne) denunció el año pasado que Panamá también había impuestos nuevos aranceles adicionales a la carne así como “otras medidas no arancelarias”, en el campo fitosanitari y regulatorio que fueron frenando el flujo comercal bilateral.
Entre los dos países hay un Tratado de Libre Comercio que establece una cuota de exportación, libre de aranceles, de 2,340 toneladas anuales de carne nicaragüense.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el año pasado la ley 680 que dio al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) la capacidad de suspender por un periodo de 12 meses las importaciones de productos cárnicos y leche fluida. La ley buscaba expresamente cerrar las puertas al producto nacional.
Eduardo Carles, titular del MIDA, expresó su inconformidad con la ley porque “tiene algunos vacíos constitucionales que pueden reñir con los acuerdos comerciales que ha suscrito el país. El proyecto, que pretende detener las importaciones, no ha sido consensuado y evidentemente puede traer sus consecuencias negativas para el país”, declaró en octubre del 2018.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela se escudó en que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) necesitaba establecer nuevas reglas de importación para corregir la “distorsión en el precio de la carne bovina pagado al producto local”.
Así, el nuevo marco regulatorio panameño autorizado al MIDA a imponer un arancel de importación que oscilaría entre 15% y 50%, dependiendo de la partida arancelaria.
Pronto quedó en evidencia que la medida estaba destinada a frenar las compras de carne a Nicaragua por los presuntos daños que estaba causando a la industria local.
Fuente: Trinchera de la Noticia
